El gobierno nacional prepara en estos días la publicación de la reglamentación de la reforma laboral antiobrera aprobada con la reciente sanción de la Ley Bases. Con esta medida esperan instrumentar la extensión del periodo a prueba, mayor flexibilidad laboral, despidos discriminatorios y antisindicales, el fin de las indemnizaciones por despidos y beneficios diversos para las patronales.
El apuro por esta reglamentación antiobrera ocurre en medio de la aparición de fallos judiciales, como  el de la Justicia de Misiones, donde algunos jueces pretenden aplicar, incluso retroactivamente, algunos efectos de la Ley Bases, como la supresión de las indemnizaciones por nula o deficiente registración y otros derechos obreros abolidos recientemente por la nueva normativa.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se apresta ahora a avanzar con aspectos de la Ley Bases que requieren de reglamentación para su puesta en función, entre los cuales se encuentran los siguientes cambios.
Fin de la presunción de existencia de relación laboral: se invierten las consideraciones al respecto, teniendo el trabajador que demostrar la naturaleza fraudulenta de una incorrecta registración. Así como se declara a ciertas actividades dudosas (prestación de servicios y de agencia, etc.) dentro del derecho civil y comercial y por fuera de las relaciones del trabajo. También se habilita el funcionamiento de “trabajadores independientes” con hasta tres colaboradoras, dentro del régimen de monotributistas.
Tras la reglamentación empezará a regir el nuevo “periodo de prueba”, pasando de los actuales 3 meses a un mínimo de 6 meses, pudiendo extenderse a 8 (empresas de seis a cien trabajadores) y 12 meses (empresas de hasta cinco trabajadores), lo que implica la consagración final de la inestabilidad laboral, siendo que “un año de trabajo” no implica ningún periodo de “prueba”. Esto exime a las patronales del pago de indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes.
Entre los ítems más esperados por las patronales, se habilita el despido “con justa causa” ante medidas sindicales que puedan ser consideradas como “bloqueos o tomas de establecimientos” o la afectación de la “libertad de trabajo” de otros empleados, lo que otorga amplias facultades discrecionales a los capitalistas. Incluso se faculta a las patronales al despido discriminatorio (algo prohibido por tratados internacionales) con un sobrecargo de entre el 50 y el 100% de la indemnización por antigüedad: con plata se puede discriminar.
La reglamentación también daría lugar a que las patronales y la burocracia sindical pacten reformas en los convenios colectivos para la incorporación del Fondo de Cese Laboral en remplazo del actual régimen indemnizatorio, para así abaratar despidos e incluso cubrirse con la contratación de aseguradoras y terceros a cargo de estas “contingencias”.
Se otorgarán a las patronales diversos beneficios a cambio de la regularización eventual de sus trabajadores, como la condonación de deudas, eximió de acciones penales tributarias en su contra, etc. Mientras que a los trabajadores regularizados se les reconocerá solo hasta 60 meses de aportes previsionales, los cuales tampoco serán considerados para calcular  el haber inicial de la jubilación.
La avanzada del gobierno de Javier Milei contra los trabajadores da lugar a un envalentonamiento de las patronales, que intenta hacer valer sus condiciones en la Justicia burguesa o por medio de despidos, suspensiones y extorsiones y presiones sobre los trabajadores.
La reglamentación de esta normativa antiobrera implica un playón de liberalidades para los capitalistas, sin dejar ningún beneficio para los trabajadores y la población en general, siendo estos perjudicados por la pérdida significativa de derechos y conquistas laborales y por la imposición de un régimen de precarización y  flexibilización laboral a imagen y semejanza de las pretensiones patronales.
Derrotemos esta orientación contraria a los trabajadores, con la organización independiente y la acción de clase, con la huelga general contra Milei y compañía.

Fuente: Prensa Obrera.