Hace siete años en la legislatura provincial de Santa Cruz, se presentó un proyecto que instauraba el debate obligatorio de candidatos a Gobernador e Intendente en toda la provincia.Fue propuesto en noviembre de 2016 por la legisladora Gabriela Peralta, ex ministra de Desarrollo Social, un año después de que todos los candidatos a Presidente participaran por primera vez, de un debate o exposición de ideas en Argentina.

La iniciativa nunca fue tratada en el recinto, aunque en su  momento tuvo el apoyo -por lo menos público- de algunos diputados del oficialismo.

En 2015 en Rio Gallegos, se había realizado  por segunda vez, un debate  de postulantes a la Intendencia. Esto luego no se replicó en 2019.

El proyecto

La letra exacta del proyecto de Ley, establecía  la difusión "por el sistema de medios públicos, de señal abierta y gratuita; y obligatorio entre los candidatos a titulares de Poderes Ejecutivos, tanto Provincial como Municipal".

La autoridad de aplicación sería la Autoridad Electoral Provincial competente, que se debía encargar de: establecer lugar y horario para la concreción del o los debates, garantizando la neutralidad del ámbito elegido; notificar a los apoderados partidarios o representantes elegidos para tal caso, con mínimo 20 días de anticipación a la realización del debate; elaborar un reglamento que paute la metodología y reglas bajo las cuales se desarrollará el debate. (El mismo será puesto a consideración y acordado por los candidatos o sus representantes, previo al debate. Se entiende por reglamento general del debate a todas las disposiciones internas que refieran a cuestiones específicas como la selección de moderadores, tiempo de exposición de cada candidato, tópicos a tratar, fecha del debate y del sorteo previo, modalidad para determinar invitados, etc. Respetando en todos los casos la igualdad de condiciones y oportunidades de los participantes); designar un moderador para cada debate, con trayectoria en el ámbito periodístico o académico y que garantice imparcialidad; acordar la agenda de temas que se debatirían; y garantizar la participación de instituciones del ámbito académico y organizaciones civiles comprometidas en la promoción de los valores democráticos y los derechos ciudadanos.

Los gastos, deberían ser solventados por el Ejecutivo, y si los postulantes no asistían al debate se les aplicaría unas multas fijada por la autoridad de aplicación.

Fuente: Tiempo Sur.